Vie. May 17th, 2024

Asistencia intermitente, más del 37 % del presupuesto destinado a viáticos y subvenciones, y falta de voluntad política para promover el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho marcan la gestión de los diputados del Congreso Nacional en los primeros cuatro meses del año, señala el primer informe de Monitoreo Legislativo 2024 presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la iniciativa juvenil Democracia en Acción.

El año anterior, el Poder Legislativo se sumergió en una crisis que tuvo como resultado una parálisis legislativa que duró cuatro meses, provocando arbitrariedades por parte de la Junta Directiva a través de la Comisión Permanente, que potenció la conflictividad política en el Congreso Nacional, baja producción legislativa y poca o nula respuesta a los temas prioritarios del país, generando a su vez polarización y conflicto en los diferentes sectores de la sociedad.

En 2024, los legisladores han tenido un promedio de asistencia de 73 % en 28 de 38 posibles días sesionados. En el caso particular de asistencia por bancada, la más alta corresponde a los partidos Salvador de Honduras y Democracia Cristiana, con un global de 13 de 15 sesiones; seguidos por el Partido Libre y Partido Liberal con 11 de 15 sesiones; Partido Nacional con 10 de 15 y el Partido Anticorrupción con 9 de 15.



En total, apenas tres diputados permanecieron en las 15 sesiones completas, mientras 38 participaron la mitad del tiempo de duración de estas.

Desde enero han sido presentados 255 proyectos de ley, de los cuales sólo 55 (21.5 %) fueron aprobados y los 191 restantes (74.9 %), engavetados. Entre los decretos aprobados figuran 11 contrataciones de endeudamiento externo por L 34 mil millones, nueve amnistías y exoneraciones, cuatro condecoraciones, dos ampliaciones al estado de excepción, tres elecciones de segundo grado, dos relacionados a cultura y patrimonio, tres de tipo social y 21 nuevas leyes, reformas y presupuesto, evidenciando la falta de voluntad política para atender los grandes temas de país que fortalezcan la democracia y el Estado de derecho.

Cabe destacar que proyectos beneficiosos para la población en materia de protección a víctimas de violencia doméstica, adultos mayores, pacientes oncológicos y áreas forestales, también fueron aprobados. No obstante, siguen engavetados otros proyectos de importancia como la Ley de transparencia y rendición de cuentas, la Ley de Autonomía de las personas con discapacidad, la nueva Ley procesal electoral y la Ley de prevención y erradicación del trabajo infantil. Además, están pendientes de discusión y aprobación otras leyes para el fortalecimiento del Estado de derecho, tales como la Ley del Consejo de la Judicatura, Ley de colaboración eficaz, la Ley de transparencia y acceso a la información pública, entre otras.

En cuanto al presupuesto, de enero a abril de 2024 se han ejecutado L 362.5 millones, de los que L. 75.4 millones se destinan a sueldos de los diputados, L 54.2 millones a viáticos, L 2.6 millones a viáticos para viajes al extranjero y L 80.5 millones a subvenciones (Fondo Departamental).

Ante los hallazgos, ASJ y Democracia en Acción instan al Congreso Nacional a eficientizar la labor de las diferentes comisiones para reducir la mora en la producción legislativa, evitando el rezago a través del seguimiento oportuno a los proyectos de Ley presentados y la implementación de una verdadera agenda que responda a los intereses de país.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas para el cumplimiento a los indicadores de Gobierno Abierto, sugieren actualizar, presentar y publicar los datos operativos, financieros, en tiempo y forma, en un formato accesible o de datos abiertos que sea de fácil manejo para la ciudadanía.

El Poder Legislativo es uno de los principales órganos garantes del fortalecimiento de la democracia y el robustecimiento de la institucionalidad pública. Es indispensable que los diputados del Congreso Nacional legisle sobre temas prioritarios, en favor de la ciudadanía, tomando en cuenta sectores históricamente excluidos, y realicen las reformas pertinentes a las leyes que ayuden a fortalecer el Estado de derecho.

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